Jóvenes

terra viva (IPS), jueves, 30 de octubre de 2008

COLOMBIA:Estalla la bomba de las ejecuciones extrajudiciales

Por Constanza Vieira
http://www.ipsterraviva.net/LA/currentNew.aspx?new=1415

BOGOTÁ (IPS) La destitución de 20 oficiales y siete suboficiales del ejército, por ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, "es un triunfo de las organizaciones de derechos humanos, un triunfo de la sociedad colombiana", dijo Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Villalba llamó a la Fiscalía General de la Nación a hacer "un gran trabajo", "no solamente con los destituidos sino especialmente con los no destituidos, los que permanecen ocultos y son responsables de estas políticas".

Los tres generales, 11 coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente, seis sargentos y un cabo destituidos tenían jurisdicción en los departamentos de Santander (nororiente), Norte de Santander y Arauca, ambos fronterizos con Venezuela, y en Antioquia, en el noroccidente.

Las divisiones Segunda y Séptima quedaron acéfalas con la salida de sus respectivos comandantes, los generales José Joaquín Cortés (Santander, Norte de Santander y Arauca) y Roberto Pico (Antioquia).

El otro general destituido es Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30, en cuya jurisdicción, provincia de Ocaña, región del Catatumbo, Norte de Santander, se abrió la caja de Pandora de las ejecuciones extrajudiciales en este país que vive en guerra interna desde 1964.

La medida fue anunciada el 29 de octubre en mitad de la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, ex jueza de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda.

Pillay reiteró la recomendación del informe anual de su oficina, emitido en 2007: que el gobierno y los comandantes de las Fuerzas Armadas erradiquen las ejecuciones extrajudiciales y prevengan, sancionen y hagan públicos los casos.

Asimismo, Pillay subrayó "la importancia de que estos hechos sean investigados por la justicia ordinaria" e instó al fiscal general Mario Iguarán "a fortalecer la Unidad de Derechos Humanos" para esclarecer todas las denuncias.

En la tarde terminó la visita del director para América Latina de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Stefano Sannino, quien el martes afirmó que "hay un avance muy importante, muy positivo y una atención muy importante del gobierno colombiano en el tema de derechos humanos".

El 23 de septiembre estalló la noticia: la morgue de Ocaña estaba repleta, pues el contrato con la parroquia católica local había vencido y no había dónde enterrar tantos muertos.

Al menos 23 de los cuerpos eran de jóvenes remitidos por autoridades militares como muertos en combate y entraron en distintas fechas a la morgue en los últimos cuatro meses.

Once de ellos desaparecieron de sus casas en la deprimida zona sur de Bogotá un día y medio o dos antes del 23. Pero entre Ocaña y Bogotá hay unos 700 kilómetros y el viaje por tierra demora día y medio. Si no fueron trasladados vía aérea, murieron casi inmediatamente al llegar a la remota región.

En Ocaña operan la Brigada Móvil Número 15 de Contraguerrilla, con dos coroneles destituidos, pero también el Batallón de Infantería Número 15 y el Batallón Plan Energético Vial.

El cuerpo de Joaquín Castro, obrero fundidor de 25 años, ya no estorbaba en el depósito de cadáveres. Desapareció el 13 de enero de su casa en Bogotá, dos días después entró a la morgue de Ocaña como muerto en combate, y el 20 de septiembre le avisaron de su muerte a la madre, Elvira Vásquez, quien le dio sepultura.

Las familias niegan que sus hijos hayan sido delincuentes, paramilitares de ultraderecha o guerrilleros izquierdistas, como afirmó el general Coronado. De los 11, el ejército reportó expresamente que ocho eran paramilitares y uno guerrillero.

El día que estalló el escándalo, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) emitió incluso un comunicado que situaba los hechos como "reclutamiento forzoso de menores de edad", una práctica ajena al ejército, pero propia de los ejércitos irregulares.

Mientras, las autoridades se dedicaron a mostrar antecedentes judiciales de algunos de los muertos, incluyendo una demanda por alimentos.

La secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, desde el principio calificó los casos de "desaparición forzada con fines de homicidio", pero fue duramente atacada por el gobierno, que advirtió que se abstuviera de "prejuzgar".

El gobierno de Álvaro Uribe centra su principal bandera, la contrainsurgente política de Seguridad Democrática, en incrementar la imagen pública de las Fuerzas Armadas.

El 25 de julio, Uribe dijo que "la estrategia guerrillera" consistiría ahora en que "cada vez que se le da una baja a la guerrilla (sic), ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial", en referencia indirecta a los defensores de derechos humanos.

Y el 9 de septiembre el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reportó haber "descubierto" "una política deliberada de ciertas organizaciones" con relación a "las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales".

Esta política, según el ministro, consistiría en "simplemente inflar las cifras" progresivamente, "para deslegitimar la fuerza pública" mediante acusaciones que son luego "muy difíciles de desvirtuar políticamente".

"Es muy curioso que cuando hay un combate con guerrilla de civil, inmediatamente comienzan las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales", dijo Santos el 29 de septiembre a la emisora W Radio.

Desde septiembre de 2007, la cartera de Defensa orienta a las tropas en que "mejor un desmovilizado que un capturado, mejor un capturado que un muerto", según Santos.

Pero el propio Uribe ha dictado incontables veces a sus tropas la orden de "exterminar" a la guerrilla, incluso este año.

Y ante reiteradas acusaciones de que la fuerza pública sigue actuando en connivencia con milicias ilegales conocidas como Águilas Negras y otras estructuras paramilitares que no se desmovilizaron tras pactos con el gobierno, Uribe también ordenó "resultados".

Las cifras de bajas, efectivamente, fueron aumentando.

El 8 de octubre, el senador izquierdista Gustavo Petro aseveró que serían 130 los muchachos asesinados para que el ejército los presentara como bajas en combate en distintos puntos del país.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada emitió el 26 de septiembre un duro comunicado contra la práctica de las ejecuciones

La Oficina describió un "patrón" común: "las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos de sus lugares de residencia", y terminan en un día o dos como éxito militar.

Existe participación de "verdaderas redes criminales, encargadas de engañar y conducir a las personas hasta el lugar donde se les da muerte", alertó la Oficina.

El anuncio de la destitución de los militares se dio hora y media antes de la presentación en Bogotá de cuatro informes sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de 209 organizaciones de derechos humanos nacionales y de una misión internacional de 13 profesionales de cuatro países europeos y Estados Unidos.

Uno de los informes reporta más de 55 casos de bajas en combate en la jurisdicción de la Brigada 15 en los últimos dos años, "que en realidad, de acuerdo a los testimonios de los familiares y vecinos, eran hombres laboriosos".

Esta Brigada "en los últimos tres años ha sido una verdadera máquina de muerte", según el jurista Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), que presentó uno de los informes, pues "ha dejado una estela de muertos en la zona de su jurisdicción".

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, se preguntó "por qué no han reaccionado antes este gobierno y gobiernos anteriores", si esto "se ha denunciado por lo menos desde los años 70 del siglo XX".

"Son comportamientos que se repiten en todas las brigadas, en todas las divisiones, en todas las regiones del país, para hablar en términos civiles", agregó, y "obedecen a un patrón, a una forma de comportamiento" basada en la discriminación de personas humildes, de raza negra, indígenas, "y por supuesto de opositores", dijo Gallón a IPS.

Muchas víctimas provienen de sectores socialmente vulnerables, incluyendo indigentes y adictos a las drogas ajenos a redes sociales, "seguramente para actuar con mayor impunidad, creyendo que estas personas no serían reclamadas por nadie", según el abogado Villalba.

Entre enero de 2007 y junio de 2008 "una persona perdió la vida diariamente por ejecución extrajudicial" directamente atribuida a la fuerza pública, muestran las denuncias recibidas por la CCEEU, plataforma de derechos humanos que agrupa a 202 organizaciones.

Es "un aumento de casi el doble de los hechos" que la CCEEU registró entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2007, "y de casi el triple"

El abogado Yepes atribuye ese aumento a la intensificación de la guerra.

Hay una "militarización extrema de la vida civil, que ha incrementado notablemente la presencia de fuerza pública en todo el territorio nacional", sumada a "una presión muy fuerte de resultados sobre la tropa" que tiene que mostrar "control de las zonas a cualquier costo", dijo Yepes a IPS. A esto se agrega "una estructura perversa de incentivos y sanciones", como bonificaciones, ascensos, traslados y viajes al exterior, por resultados militares en el marco de la Seguridad Democrática, añadió.

"Hemos comprobado que brigadas altamente comprometidas en ejecuciones extrajudiciales reciben ayuda militar de Estados Unidos", y muchos de sus comandantes "han recibido también entrenamiento" de ese país, advirtió Yepes. Los condicionamientos de derechos humanos que el Poder Legislativo de Estados Unidos puso a la ayuda militar a Colombia, la tercera mayor que entrega ese país, después de Israel y Egipto, "no se están cumpliendo", dijo.

Si las autoridades de control hubieran actuado ante los primeros reportes, "nos hubiéramos ahorrado muchos muertos", aunque "no todo es negativo", matizó.

"Hay un aumento de la conciencia pública sobre la realidad dramática de las ejecuciones extrajudiciales", no sólo en la sociedad sino en las autoridades, que comienzan a entender que esta práctica es inaceptable internacionalmente, apuntó Yepes.

Pero también ha influido "una actividad valiente de las víctimas que han salido a dar la cara, a denunciar", "con un riesgo enorme para sus vidas", así como la labor del movimiento nacional e internacional de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, concluyó. (FIN)



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TRAS EL CRIMEN DE SAN ISIDRO, SCIOLI PIDIO QUE LOS CHICOS SEAN IMPUTABLES A PARTIR DE LOS 12 AñOS

La receta de bajar la imputabilidad
El gobernador dijo que la impulsará a través de sus legisladores nacionales. Expertos en infancia cuestionaron esa postura. El debate se reabrió a partir del asesinato de un ingeniero en San Isidro. Hay cuatro detenidos en el caso.


Por Carlos Rodríguez
La detención de cuatro personas, entre ellos dos jóvenes que estarían involucrados en el hecho que terminó con el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea, en el partido de San Isidro (ver aparte), hizo que se renueve el debate sobre una posible baja en la edad de imputabilidad de los menores que no hayan cumplido los 18 años. La polémica se disparó a partir de declaraciones del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el sentido de que debería renovarse la discusión sobre “la baja de la edad de imputabilidad de los menores” para fijarla “a partir de los 12, 13 o 14 años en los casos de delitos graves”. Como argumento, Scioli lamentó –en alusión al crimen del ingeniero Barrenechea– que “una vez más nos encontremos con menores vaciando un cargador de una pistola calibre 45”, en referencia al arma utilizada en el hecho. Aunque el propio Scioli admitió que no tenía una postura definida sobre el tema y que pensaba que con sólo bajar la edad de imputabilidad “no se llega a la solución”, dos expertos consultados por PáginaI12 expresaron ayer su preocupación por una medida que sería “inconstitucional porque vulnera acuerdos internacionales firmados por el país respecto de la ley penal aplicada a menores”.
Carlos Bigalli, ex asesor de menores de San Isidro y actual docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo que lo primero que habría que saber es qué se entiende por “imputabilidad o inimputabilidad”, aunque señaló que “en los discursos del poder, lo que significa en la práctica es aplicar a los menores que no cumplieron los 18 años el régimen penal que se aplica a los adultos, lo que es inconstitucional porque vulnera lo que dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, de la que el Estado argentino es garante. Laura Mussa, asesora de los tribunales de menores de la Capital Federal, criticó las “respuestas espasmódicas, tomadas sobre la emergencia, que ya han fracasado en épocas recientes, y que sólo sirven para que los chicos ingresen muy temprano al sistema penal que tenemos y que tampoco brinda respuestas serias al problema”.
Además de las declaraciones del gobernador bonaerense, lo ocurrido con Barrenechea provocó, en San Isidro, que el Concejo Deliberante aprobara ayer la declaración del estado de emergencia por seguridad de todo el partido. El intendente local, Gustavo Posse, aseguró que la medida “ya tiene adhesiones de representantes de otros municipios”. También expresó su satisfacción porque la Gendarmería, ayer por la tarde, volvió a ocupar sus puestos en la villa La Cava, en la localidad de Beccar, donde cumplía una labor de “prevención del delito”, que también fue cuestionada en su momento por organismos de derechos humanos y por los vecinos del lugar, que se sentían discriminados.
Scioli, acompañado por varios de sus ministros, brindó una conferencia de prensa, una vez que se confirmó que había dos chicos, menores de 18 años, entre los detenidos por su presunta participación en el asalto a la casa de la familia Barrenechea. “Hay que acelerar algunos debates, es un tema central el de los menores de 12, 13 o 14 años que participan en delitos graves. Hay países de la región que han encarado este tema”, dijo el gobernador, sin fijar una postura concreta sobre el tema. En su intervención, reconoció que en la provincia hay “400 mil menores sin trabajo ni estudio” a los que “hay que darles las herramientas” necesarias para impedir que caigan en la delincuencia.
Luego de expresar “dolor y bronca” por el asesinato de Barrenechea, Scioli le dio la palabra al ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien enumeró todos los cambios realizados por el actual gobierno para acelerar el accionar de los juzgados provinciales y luego señaló la necesidad de abrir la discusión sobre “la imputabilidad de los menores”. En ese sentido mencionó la existencia, en el Congreso de la Nación, de 14 proyectos referidos al tema. Aunque Casal no lo precisó, esas iniciativas apuntan a establecer la vigencia de un sistema penal para adolescentes que brinde a los chicos acusados de delitos graves la posibilidad de asumir su defensa y, en todo caso, recibir condenas que no serían tan duras como las que se aplican, para los mismos casos, a los mayores.
Scioli dio como ejemplos las leyes de otros países de la región, como Uruguay, Brasil y Paraguay que “tienen leyes que fijan la imputabilidad en delitos graves a partir de los 13 o 14 años”. Tampoco explicó que en algunos de los países mencionados y en otros de América latina, el sistema penal juvenil aplica penas que, en algunos casos, no superan los tres años de prisión, incluso en los delitos graves, por tratarse de menores.
Consultado por PáginaI12, el especialista en minoridad Carlos Bigalli consideró que la baja de la edad de los menores en materia penal “es una propuesta sencillamente inconstitucional porque la Convención sobre los Derechos del Niño proscribe toda alternativa que suponga aplicar el régimen para adultos a los que no han cumplido los 18 años”. Por otro lado, Bigalli sostuvo que, en los hechos, “en algunos ámbitos de la Argentina, en la realidad, ya existen personas que no deberían ser punibles por su edad y que, sin embargo, están entrampadas por un poder punitivo sin los límites ni las garantías del derecho penal”.
“Eso es lo que les pasa a personas menores de 16 años que están privadas de su libertad por aplicación de la ley de facto 22.278, que establece condiciones ‘especiales’ de punibilidad que son encubiertas bajo el ropaje de una guarda tutelar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene todavía que resolver un hábeas corpus colectivo interpuesto por la Fundación Sur en favor de personas no punibles que están privadas de la libertad en el país”, explicó Bigalli. “La Cámara Nacional de Casación ya hizo lugar al planteo y declaró inconstitucionales las normas que habilitan esa respuesta punitiva con cosmética tutelar, pero las personas no punibles siguen privadas de su libertad.”
Para Bigalli, desde el siglo XII, “todos los discursos del poder validan las políticas persecutorias de los que perdieron en el reparto de bienes. Los que perdieron en el reparto de bienes ganaron en el reparto de males. Esto pasa con los pobres y con los hijos de los pobres”. Laura Mussa, por su parte, dijo estar “muy preocupada y muy asustada” por las palabras del gobernador Scioli porque parece que “su única respuesta sería la de endurecer las leyes, como ha pasado ya otras veces en nuestra historia reciente con malos resultados para todos”, en alusión a la llamada doctrina Blumberg, surgida a partir del asesinato del joven Axel Blumberg y de la influencia que tuvo sobre los legisladores, su padre, Juan Carlos. “Estas respuestas son absolutamente incoherentes. El Estado debería responder con más educación y con puestos de trabajo. Scioli habló ayer del Estado responsable, pero como si él no fuera parte del Estado. Lo que esperamos es una respuesta seria en materia de política criminal y no parches que nacen de la emergencia.”

Argentina - Página 12
El debate pendiente sobre la situación penal de los chicos

Gustavo Palmieri *
“Un despropósito”
“Centrar la atención en la edad de imputabilidad de los menores como principal eje de las políticas de seguridad no tiene coherencia. Es no responder a un problema que tiene que ver con otros causales, principalmente con la falta de políticas preventivas y con la falta de investigación judicial sobre las redes de violencia que tienen como víctimas a esos chicos. Por otro lado, la modificación de la edad de imputabilidad no es decisión de la provincia sino algo que se debe determinar a nivel nacional. Y la realidad es que Argentina está muy lejos de pensar en solucionar la situación penal de sus chicos y jóvenes. Si bien se aprobó la Ley integral de protección y promoción de los derechos del niño, es necesaria una ley penal juvenil con la que se complemente y con la que pueda funcionar correctamente. Así, lo único que se logró fue un vacío penal generando una confusión entre los chicos con problemas asistenciales y los que tienen causas penales que no modificó en nada la situación judicial de los chicos. Hay varios proyectos de ley de responsabilidad penal juvenil en el Congreso nacional, pero están trabados, así que hasta que no se avance en el tema, hablar de bajar la edad de imputabilidad es un despropósito.”
* Abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).