viernes, 14 de noviembre de 2008
sábado, 8 de noviembre de 2008
Triunfo y derrota de la comunicación
por Héctor Schmucler
¿De qué depende, entonces, el estado de mi alma?
¿De dónde provienen estos sentimientos confusos,
tumultuosos, a través de los cuales
ya no me reconozco?
Maine de Biran (1794)
Reducido al campo de la comunicación masiva, en el que se reconoce el conjunto de medios impresos, sonoros y audiovisuales utilizados para la difusión colectiva de cualquier tipo de mensaje, el concepto no adquiere más precisión: es notoria la inhabilidad e inespecificidad de las teorías que intentan acercarse a la significación de los medios.
Sin mayores argumentos teóricos que den cuenta de la supresión, se ha ido borrando la marca “masivo”. Un genérico “medios de comunicación”, que a veces agrega el redundante (y en ocasiones presuntuoso) calificativo de “social”, diluye cualquier compromiso interpretativo. Lo masivo, al margen de los valores que se le otorgue, establece una precisión sobre la manera de interpelar a un número plural de personas. El asunto no es menor cuando la comunicación mediática expande incesantemente su presencia y, a la vez, crece la incertidumbre sobre los
criterios para establecer en qué sentidos esa presencia influye en la conformación de la vida de los seres humanos. En lo que sigue procuro destacar algunas perplejidades -¿incomodidades del alma?- derivadas de observar cómo se han orientado muchas de las reflexiones sobre comunicación, las tangibles dificultades que surgen de un lenguaje que se erosiona en su capacidad de nombrar, las trampas que el discurso dominante ha sembrado y la facilidad (¿complacencia?) con que cayeron en ella antiguos expertos en detectar esas trampas. El rápido hundimiento de referencias axiológicas y éticas -sin las cuales pensar la comunicación es una aporía- participa de un movimiento en el que las ideologías fueron vueltas irrisorias.
Para estudiar los medios, se dijo, es preciso salir de su inmanencia y colocarlos en la ancha perspectiva de la cultura. La hipótesis no sólo era atractiva sino que era defendible por muchas razones. Aunque no tan novedosa como lo pretendieron algunos de sus más destacados defensores, permitió superar simplismos anteriores que establecían relaciones causales inmediatas de difícil comprobación. Este enfoque “desde la cultura” mostró, sobre todo, la contradictoria realidad socio-psicológica sobre la que se articuló la existencia de los medios y la diversidad de problemas que su presencia generaba. Dicho como aforismo se empezó a repetir que la relación medios-sociedad-cultura era compleja. Complejidad se volvió un término descriptivo opuesto a pretensiones explicativas universales, ingenuamente causales, vinculadas a matrices históricas, sociales o económicas. La luz aportada por esta forma de iluminar el problema de lo mediático, pronto reconoció sombras casi impenetrables. Cuando a todo se le asignó el rasgo de complejidad (y una generosa bibliografía dio cuenta de esta mirada) el concepto debilitó su capacidad heurística. El relativismo culturalista trastabilló más de una vez arrastrado por la insustancialidad en la que se fueron deslizando los “estudios culturales” con los que se reconoce emparentado. Los notables y tal vez definitivos aportes de la escuela nacida en Birmingham, sólidamente arraigados en una tradición marxista y que reinvindicaban su actitud crítica frente a la sociedad capitalista, se reprodujeron en versiones desleídas. El suave ritmo de lo “políticamente correcto” acompasó la aceptación del mercado como clave interpretativa, no siempre explícita, de nuevos razonamientos. Los oídos dejaron de tolerar las estridencias de la crítica.
Una especie de oportunismo teórico se expandió por América Latina, región donde fuertes experiencias políticas habían marcado la orientación de estudios y prácticas de comunicación. Oleadas terminológicas, impuestas por modas bibliográficas, podrían reconocerse en las sucesivas etapas que marcaron tendencias dominantes en los círculos académicos. Tal vez nos encontremos en un momento oportuno para reflexionar, con todo el riesgo que esto significa, sobre cuánto hay de específicamente latinoamericano en las aproximaciones conceptuales que se consagraron como propias de la Región en el saber sobre comunicación y cultura. Las ideas, entre nosotros, han sido casi siempre ideas recibidas. Nuestra condición europea sólo ha sido modificada recientemente por la norteamericanización que, en forma de globalización, se ha extendido por el mundo. Para quedarnos en la zona acotada de la comunicación y la cultura, si se lee con cuidado, la mayor parte de los trabajos de autores latinoamericanos son espacio de diálogos entre pensadores extranjeros. Y el hecho, así expresado, nada tiene de humillante.
Las teorías de la recepción, en su momento de expansión, constituyen un buen ejemplo de lo que venimos diciendo: por mimetismo al discurso ocasionalmente consagrado (o por desconocimiento) algunos estudiosos se vieron imposibilitados de reconocer un pensamiento con larga historia intelectual y con particular raigambre en América Latina. A su vez, permitió reforzar ciertas tendencias de un “populismo” aristocrático que suele ofrecerse con el rostro de compungido antiintelectualismo. El argumento de que los sectores populares se autonomizan en la recepción de los mensajes mediáticos y los utilizan según sus propias pautas, al margen de la intencionalidad de los emisores, tiende a reubicar la importancia que algunos asignan al sistema de la industria de la cultura. La postulación de que los receptores “usan” los medios, llevó a invertir el interrogante clásico sobre los efectos. No eran los medios los que actuaban sino los receptores: “¿Qué hace la gente con los medios?” se constituyó en la pregunta ordenadora de centenares de estudios y especulaciones. Soberanía del receptor paralela a la que el mercado ofrecía para sus nuevos mecanismos de expansión: “Todo el poder al cliente” es el título paródico de un clásico en los estudios de marketing. No hay engaño en la afirmación sino inversión del orden de las cosas.
Para que el receptor haga algo con el producto de los medios, antes se había estatuido como receptor por la acción de los medios. El razonamiento puede resultar simple, tanto como aceptar que no hay un cliente previo a la relación mercantil. Pero en la obturación de situaciones tan evidentes se instala cualquier proceso ideológico. Si pudiera establecerse una relación lógica, deberíamos reconocer que el receptor es producto de los medios, como el cliente lo es del sistema mercantil. Lo que puede cuestionarse es esa realidad, lo que es, y no lo que no es. La cosificación del mundo, que el capitalismo lleva a sus límites, pasa por esta confusión y por la aceptación de lo construido como si fuera dado naturalmente.
Lejos de la vieja tradición populista, inspirada en la vigorosa idea de que el pueblo es el depositario exclusivo de valores positivos, específicos y permanentes, se podría describir un nuevo populismo que, al postular la existencia de una horizontalidad interpretativa, diluye las relaciones de poder. Los nuevos populistas constituyen, en realidad, la capa de “intelectuales orgánicos” del sistema hegemónico. La remembranza gramsciana no es antojadiza. El mercado ha dejado de ser sólo un engranaje necesario para el funcionamiento de un modo de producción, para transformarse en principio metafísico que otorga fundamento a todo el orden existente. La mano invisible de Adam Smith, desde su lugar de trascendencia, ejerce su poder armonizante en una magnitud jamás sospechada por el pensador economista: todo, incluso las conductas de los hombres, puede concebirse como mercancía. Nada indicaría mejor la fuerza hegemónica del capitalismo que el hecho proclamado por el título del libro antes mencionado: todo el poder está en los clientes. “Cliente” es una categoría más sólida que propietario en el andamiaje mercantil contemporáneo. En la mitología marxista el momento de la consigna: “Todo el poder a los soviets”, pretendía ser el acto inaugural de la negación de un mundo; el receptor mediático, imaginado hacedor de aquello que lo ha hecho, consagra el mito de la ficcionalización: creer que la realidad es ficción y, por lo tanto, imaginar que la realidad es otra cosa.
Hacia la mitad del siglo XX, la Teoría General de Sistemas, la Teoría de la Información y la Cibernética –que ponían en la superficie largas investigaciones previas- consagraron un pensamiento que presidiría en adelante casi toda indagación en las llamadas ciencias naturales y sociales. Desde allí la información pasó a ser clave explicativa de cualquier forma de existencia, incluido el pensamiento humano. El orden sistémico se materializó en la informática y ya nada dejó de tener su huella. En la misma época en que Claude Shannon escribía su Cibernética en Estados Unidos, dos exiliados escribían, también allí, Dialéctica del Iluminismo. Es probable que Shannon y los alemanes Theodor Adorno y Max Horkheimer no supieran que sus ideas serían paradigmáticas en el mundo contemporáneo: la cibernética está en el centro de su construcción; el pensamiento proveniente de la “Escuela de Frankfurt”, en el de su crítica. La “industria cultural” acompañó el empobrecimiento humano de nuestro siglo. El manejo de la información, la capacidad de una máquina de utilizar los resultados de su propio funcionamiento a modo de información para regularse a sí misma, se constituyó en marco teórico de infinidad de proyectos y en realidad cotidiana a la que, de hecho, ya no escapa ningún habitante del planeta. Los hombres y las máquinas comenzaron a ser entendidas de la misma manera. Las cosas fueron más allá de lo que Wiener sospechara: “Mi tesis –había escrito- es que el funcionamiento físico del individuo viviente y el manejo de algunas de las nuevas máquinas de comunicación son exactamente paralelos por sus intentos análogos de controlar la entropía por medio del feedback”. Si el autor de The Human Use of Human Beings quería limitar su comparación al “funcionamiento físico”, nada impidió que la totalidad del habitar humano sobre la tierra fuera entendido a la manera de un intercambio de información. Información y comunicación intercambiaron significantes y se agruparon en una confusa amalgama. La comunicación considerada en sí misma como información, es un punto de inflexión en las vertientes sistémicas desarrolladas sin pausa por Niklas Luhmann: “Cada comunicación debe comunicar, al mismo tiempo, que ella misma es una comunicación y debe hacer énfasis en quién ha comunicado y qué ha comunicado, para que la comunicación que se empalme pueda ser determinada y pueda continuar la autopoiesis” (Introducción a la teoría de sistemas). El sistema prescinde de significaciones que escapen a él mismo. El ser humano, entendido como sistema, reniega, al menos, de ciertos valores que hasta ahora se consideraron inabarcables por los modelos informáticos. La experiencia biográfica de Luhmann (en 1945, a los 17 años, era soldado del derrotado ejército alemán) tal vez haya influido en la percepción de las cosas y en su explícita voluntad de no mezclar abstracciones éticas con el rigor científico: “Antes de que terminara la guerra –relata- se veía con esperanza que en cuanto se suprimiera el aparato coercitivo de los nacional socialistas todo volvería por sí mismo al orden.
Desde la industria cultural o desde el puro sistema, la comunicación se aleja de cualquier raíz antropológica. La comunicación no sólo ofrece el mundo como espectáculo: se ofrece a ella misma como mundo y espectáculo. Tautología repetida que se confunde con la técnica: el manejo de la información se vuelve la más preciada información. Información de la información en capas sucesivas que se recubren. La comunicación proclama que la novedad es el sustento de
cualquier información valiosa y se enuncia a sí misma como la novedad por antonomasia, como lo permanentemente nuevo. Es inencontrable algo que con más orgullo ostente su segura obsolescencia. En el escenario que monta, la comunicación adquiere la forma del planeta entero y la escena somos todos. Es el futuro que se anticipa fragmentariamente y nos coloca en la espera de observarnos cómo somos en ese futuro. El borramiento del presente electriza. El marasmo incluye a algunos estudiosos que creen hablar de comunicación y se limitan a enumerar tecnologías, sus promesas y, a veces, sus amenazas.
mejor que nos puede ocurrir es instruirnos sobre qué podemos hacer con ella.
Hay un manual de uso, que debemos aprender, habilitante para entrar a los nuevos tiempos tecnológicos. La confusión entre saber y mera acumulación de datos penetra hasta los intersticios del espacio universitario. Circulan libros cuya “seriedad” consiste en doblegar al lector con anuncios tecnológicos abismales.
Sólo ayudan a la mistificación. El lenguaje de la información técnica se contagia del permanente tono anticipatorio que se ha impuesto entre los investigadores, sujetos también al marketing de su propio prestigio. La técnica aparece predictiva, autovalorativa.
simplemente duplicarla. Corresponde más al campo de la ontología que al de la técnica, porque tampoco desde la técnica se puede reflexionar sobre ella. ¿Qué puede seguirse después de ciertas informaciones proporcionadas por la prensa?
millones de dólares en los próximos cinco años y cuyo objetivo, según la revista Scientific American (agosto 1999) es “volver la informática tan accesible como el aire que respiramos”. La comparación ilustra lo que ya es un pensamiento ampliamente difundido: los seres humanos habitamos en la tecnología. La opción, decíamos más arriba, es de orden ontológico. El director del programa de informática del MIT, seguramente se instalaba en ese espacio cuando, al presentar el proyecto “Oxígeno”, escribe: “Las tres primeras revoluciones socioeconómicas estuvieron fundadas en objetos: el arado para la agricultura, el motor para la industria y la computadora para la información. Tal vez haya llegado el momento para una cuarta revolución, dirigida ya no hacia objetos sino hacia la comprensión del más precioso recurso existente en la tierra: nosotros mismos”. Estamos en el límite en el cual el pensar la comunicación como puramente instrumental puede resultar suicida si se acepta la hipótesis de que el ser humano es algo semejante a una máquina. Si, por el contrario, se acepta la posibilidad de ser algo más, es otro saber sobre la comunicación posible. Hay que reconocer que una hipótesis en este segundo sentido, no es fácilmente demostrable y que vivimos una época en que todo parece converger a afirmar la contraria. ¿Cómo escapar a la idea de “hombre-máquina” sin incorporar alguna intuición sobre algo trascendente que le ofrezca algún sentido? Pero, ¿porqué pensarlo? ¿Porqué nos resulta insatisfactorio considerar que esos momentos conformadores de lo humano, como el amor, la certidumbre de la muerte o el reconocimiento del otro, actos esenciales de comunicación, puedan ser descriptos como un intercambio de información?
miércoles, 5 de noviembre de 2008
¿Tecnología para qué?
Educación y Producción Audiovisual - Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa - Ministerio de Educación de la Nación
domingo, 2 de noviembre de 2008
Jóvenes
terra viva (IPS), jueves, 30 de octubre de 2008
COLOMBIA:Estalla la bomba de las ejecuciones extrajudiciales
Por Constanza Vieira
http://www.ipsterraviva.net/LA/currentNew.aspx?new=1415
BOGOTÁ (IPS) La destitución de 20 oficiales y siete suboficiales del ejército, por ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, "es un triunfo de las organizaciones de derechos humanos, un triunfo de la sociedad colombiana", dijo Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Villalba llamó a la Fiscalía General de la Nación a hacer "un gran trabajo", "no solamente con los destituidos sino especialmente con los no destituidos, los que permanecen ocultos y son responsables de estas políticas".
Los tres generales, 11 coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente, seis sargentos y un cabo destituidos tenían jurisdicción en los departamentos de Santander (nororiente), Norte de Santander y Arauca, ambos fronterizos con Venezuela, y en Antioquia, en el noroccidente.
Las divisiones Segunda y Séptima quedaron acéfalas con la salida de sus respectivos comandantes, los generales José Joaquín Cortés (Santander, Norte de Santander y Arauca) y Roberto Pico (Antioquia).
El otro general destituido es Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30, en cuya jurisdicción, provincia de Ocaña, región del Catatumbo, Norte de Santander, se abrió la caja de Pandora de las ejecuciones extrajudiciales en este país que vive en guerra interna desde 1964.
La medida fue anunciada el 29 de octubre en mitad de la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, ex jueza de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda.
Pillay reiteró la recomendación del informe anual de su oficina, emitido en 2007: que el gobierno y los comandantes de las Fuerzas Armadas erradiquen las ejecuciones extrajudiciales y prevengan, sancionen y hagan públicos los casos.
Asimismo, Pillay subrayó "la importancia de que estos hechos sean investigados por la justicia ordinaria" e instó al fiscal general Mario Iguarán "a fortalecer la Unidad de Derechos Humanos" para esclarecer todas las denuncias.
En la tarde terminó la visita del director para América Latina de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Stefano Sannino, quien el martes afirmó que "hay un avance muy importante, muy positivo y una atención muy importante del gobierno colombiano en el tema de derechos humanos".
El 23 de septiembre estalló la noticia: la morgue de Ocaña estaba repleta, pues el contrato con la parroquia católica local había vencido y no había dónde enterrar tantos muertos.
Al menos 23 de los cuerpos eran de jóvenes remitidos por autoridades militares como muertos en combate y entraron en distintas fechas a la morgue en los últimos cuatro meses.
Once de ellos desaparecieron de sus casas en la deprimida zona sur de Bogotá un día y medio o dos antes del 23. Pero entre Ocaña y Bogotá hay unos 700 kilómetros y el viaje por tierra demora día y medio. Si no fueron trasladados vía aérea, murieron casi inmediatamente al llegar a la remota región.
En Ocaña operan la Brigada Móvil Número 15 de Contraguerrilla, con dos coroneles destituidos, pero también el Batallón de Infantería Número 15 y el Batallón Plan Energético Vial.
El cuerpo de Joaquín Castro, obrero fundidor de 25 años, ya no estorbaba en el depósito de cadáveres. Desapareció el 13 de enero de su casa en Bogotá, dos días después entró a la morgue de Ocaña como muerto en combate, y el 20 de septiembre le avisaron de su muerte a la madre, Elvira Vásquez, quien le dio sepultura.
Las familias niegan que sus hijos hayan sido delincuentes, paramilitares de ultraderecha o guerrilleros izquierdistas, como afirmó el general Coronado. De los 11, el ejército reportó expresamente que ocho eran paramilitares y uno guerrillero.
El día que estalló el escándalo, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) emitió incluso un comunicado que situaba los hechos como "reclutamiento forzoso de menores de edad", una práctica ajena al ejército, pero propia de los ejércitos irregulares.
Mientras, las autoridades se dedicaron a mostrar antecedentes judiciales de algunos de los muertos, incluyendo una demanda por alimentos.
La secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, desde el principio calificó los casos de "desaparición forzada con fines de homicidio", pero fue duramente atacada por el gobierno, que advirtió que se abstuviera de "prejuzgar".
El gobierno de Álvaro Uribe centra su principal bandera, la contrainsurgente política de Seguridad Democrática, en incrementar la imagen pública de las Fuerzas Armadas.
El 25 de julio, Uribe dijo que "la estrategia guerrillera" consistiría ahora en que "cada vez que se le da una baja a la guerrilla (sic), ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial", en referencia indirecta a los defensores de derechos humanos.
Y el 9 de septiembre el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reportó haber "descubierto" "una política deliberada de ciertas organizaciones" con relación a "las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales".
Esta política, según el ministro, consistiría en "simplemente inflar las cifras" progresivamente, "para deslegitimar la fuerza pública" mediante acusaciones que son luego "muy difíciles de desvirtuar políticamente".
"Es muy curioso que cuando hay un combate con guerrilla de civil, inmediatamente comienzan las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales", dijo Santos el 29 de septiembre a la emisora W Radio.
Desde septiembre de 2007, la cartera de Defensa orienta a las tropas en que "mejor un desmovilizado que un capturado, mejor un capturado que un muerto", según Santos.
Pero el propio Uribe ha dictado incontables veces a sus tropas la orden de "exterminar" a la guerrilla, incluso este año.
Y ante reiteradas acusaciones de que la fuerza pública sigue actuando en connivencia con milicias ilegales conocidas como Águilas Negras y otras estructuras paramilitares que no se desmovilizaron tras pactos con el gobierno, Uribe también ordenó "resultados".
Las cifras de bajas, efectivamente, fueron aumentando.
El 8 de octubre, el senador izquierdista Gustavo Petro aseveró que serían 130 los muchachos asesinados para que el ejército los presentara como bajas en combate en distintos puntos del país.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada emitió el 26 de septiembre un duro comunicado contra la práctica de las ejecuciones
La Oficina describió un "patrón" común: "las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos de sus lugares de residencia", y terminan en un día o dos como éxito militar.
Existe participación de "verdaderas redes criminales, encargadas de engañar y conducir a las personas hasta el lugar donde se les da muerte", alertó la Oficina.
El anuncio de la destitución de los militares se dio hora y media antes de la presentación en Bogotá de cuatro informes sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de 209 organizaciones de derechos humanos nacionales y de una misión internacional de 13 profesionales de cuatro países europeos y Estados Unidos.
Uno de los informes reporta más de 55 casos de bajas en combate en la jurisdicción de la Brigada 15 en los últimos dos años, "que en realidad, de acuerdo a los testimonios de los familiares y vecinos, eran hombres laboriosos".
Esta Brigada "en los últimos tres años ha sido una verdadera máquina de muerte", según el jurista Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), que presentó uno de los informes, pues "ha dejado una estela de muertos en la zona de su jurisdicción".
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, se preguntó "por qué no han reaccionado antes este gobierno y gobiernos anteriores", si esto "se ha denunciado por lo menos desde los años 70 del siglo XX".
"Son comportamientos que se repiten en todas las brigadas, en todas las divisiones, en todas las regiones del país, para hablar en términos civiles", agregó, y "obedecen a un patrón, a una forma de comportamiento" basada en la discriminación de personas humildes, de raza negra, indígenas, "y por supuesto de opositores", dijo Gallón a IPS.
Muchas víctimas provienen de sectores socialmente vulnerables, incluyendo indigentes y adictos a las drogas ajenos a redes sociales, "seguramente para actuar con mayor impunidad, creyendo que estas personas no serían reclamadas por nadie", según el abogado Villalba.
Entre enero de 2007 y junio de 2008 "una persona perdió la vida diariamente por ejecución extrajudicial" directamente atribuida a la fuerza pública, muestran las denuncias recibidas por la CCEEU, plataforma de derechos humanos que agrupa a 202 organizaciones.
Es "un aumento de casi el doble de los hechos" que la CCEEU registró entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2007, "y de casi el triple"
El abogado Yepes atribuye ese aumento a la intensificación de la guerra.
Hay una "militarización extrema de la vida civil, que ha incrementado notablemente la presencia de fuerza pública en todo el territorio nacional", sumada a "una presión muy fuerte de resultados sobre la tropa" que tiene que mostrar "control de las zonas a cualquier costo", dijo Yepes a IPS. A esto se agrega "una estructura perversa de incentivos y sanciones", como bonificaciones, ascensos, traslados y viajes al exterior, por resultados militares en el marco de la Seguridad Democrática, añadió.
"Hemos comprobado que brigadas altamente comprometidas en ejecuciones extrajudiciales reciben ayuda militar de Estados Unidos", y muchos de sus comandantes "han recibido también entrenamiento" de ese país, advirtió Yepes. Los condicionamientos de derechos humanos que el Poder Legislativo de Estados Unidos puso a la ayuda militar a Colombia, la tercera mayor que entrega ese país, después de Israel y Egipto, "no se están cumpliendo", dijo.
Si las autoridades de control hubieran actuado ante los primeros reportes, "nos hubiéramos ahorrado muchos muertos", aunque "no todo es negativo", matizó.
"Hay un aumento de la conciencia pública sobre la realidad dramática de las ejecuciones extrajudiciales", no sólo en la sociedad sino en las autoridades, que comienzan a entender que esta práctica es inaceptable internacionalmente, apuntó Yepes.
Pero también ha influido "una actividad valiente de las víctimas que han salido a dar la cara, a denunciar", "con un riesgo enorme para sus vidas", así como la labor del movimiento nacional e internacional de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, concluyó. (FIN)
Cine en Movimiento
TRAS EL CRIMEN DE SAN ISIDRO, SCIOLI PIDIO QUE LOS CHICOS SEAN IMPUTABLES A PARTIR DE LOS 12 AñOS
El gobernador dijo que la impulsará a través de sus legisladores nacionales. Expertos en infancia cuestionaron esa postura. El debate se reabrió a partir del asesinato de un ingeniero en San Isidro. Hay cuatro detenidos en el caso.
Por Carlos Rodríguez
La detención de cuatro personas, entre ellos dos jóvenes que estarían involucrados en el hecho que terminó con el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea, en el partido de San Isidro (ver aparte), hizo que se renueve el debate sobre una posible baja en la edad de imputabilidad de los menores que no hayan cumplido los 18 años. La polémica se disparó a partir de declaraciones del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el sentido de que debería renovarse la discusión sobre “la baja de la edad de imputabilidad de los menores” para fijarla “a partir de los 12, 13 o 14 años en los casos de delitos graves”. Como argumento, Scioli lamentó –en alusión al crimen del ingeniero Barrenechea– que “una vez más nos encontremos con menores vaciando un cargador de una pistola calibre 45”, en referencia al arma utilizada en el hecho. Aunque el propio Scioli admitió que no tenía una postura definida sobre el tema y que pensaba que con sólo bajar la edad de imputabilidad “no se llega a la solución”, dos expertos consultados por PáginaI12 expresaron ayer su preocupación por una medida que sería “inconstitucional porque vulnera acuerdos internacionales firmados por el país respecto de la ley penal aplicada a menores”.
Carlos Bigalli, ex asesor de menores de San Isidro y actual docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo que lo primero que habría que saber es qué se entiende por “imputabilidad o inimputabilidad”, aunque señaló que “en los discursos del poder, lo que significa en la práctica es aplicar a los menores que no cumplieron los 18 años el régimen penal que se aplica a los adultos, lo que es inconstitucional porque vulnera lo que dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, de la que el Estado argentino es garante. Laura Mussa, asesora de los tribunales de menores de la Capital Federal, criticó las “respuestas espasmódicas, tomadas sobre la emergencia, que ya han fracasado en épocas recientes, y que sólo sirven para que los chicos ingresen muy temprano al sistema penal que tenemos y que tampoco brinda respuestas serias al problema”.
Además de las declaraciones del gobernador bonaerense, lo ocurrido con Barrenechea provocó, en San Isidro, que el Concejo Deliberante aprobara ayer la declaración del estado de emergencia por seguridad de todo el partido. El intendente local, Gustavo Posse, aseguró que la medida “ya tiene adhesiones de representantes de otros municipios”. También expresó su satisfacción porque la Gendarmería, ayer por la tarde, volvió a ocupar sus puestos en la villa La Cava, en la localidad de Beccar, donde cumplía una labor de “prevención del delito”, que también fue cuestionada en su momento por organismos de derechos humanos y por los vecinos del lugar, que se sentían discriminados.
Scioli, acompañado por varios de sus ministros, brindó una conferencia de prensa, una vez que se confirmó que había dos chicos, menores de 18 años, entre los detenidos por su presunta participación en el asalto a la casa de la familia Barrenechea. “Hay que acelerar algunos debates, es un tema central el de los menores de 12, 13 o 14 años que participan en delitos graves. Hay países de la región que han encarado este tema”, dijo el gobernador, sin fijar una postura concreta sobre el tema. En su intervención, reconoció que en la provincia hay “400 mil menores sin trabajo ni estudio” a los que “hay que darles las herramientas” necesarias para impedir que caigan en la delincuencia.
Luego de expresar “dolor y bronca” por el asesinato de Barrenechea, Scioli le dio la palabra al ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien enumeró todos los cambios realizados por el actual gobierno para acelerar el accionar de los juzgados provinciales y luego señaló la necesidad de abrir la discusión sobre “la imputabilidad de los menores”. En ese sentido mencionó la existencia, en el Congreso de la Nación, de 14 proyectos referidos al tema. Aunque Casal no lo precisó, esas iniciativas apuntan a establecer la vigencia de un sistema penal para adolescentes que brinde a los chicos acusados de delitos graves la posibilidad de asumir su defensa y, en todo caso, recibir condenas que no serían tan duras como las que se aplican, para los mismos casos, a los mayores.
Scioli dio como ejemplos las leyes de otros países de la región, como Uruguay, Brasil y Paraguay que “tienen leyes que fijan la imputabilidad en delitos graves a partir de los 13 o 14 años”. Tampoco explicó que en algunos de los países mencionados y en otros de América latina, el sistema penal juvenil aplica penas que, en algunos casos, no superan los tres años de prisión, incluso en los delitos graves, por tratarse de menores.
Consultado por PáginaI12, el especialista en minoridad Carlos Bigalli consideró que la baja de la edad de los menores en materia penal “es una propuesta sencillamente inconstitucional porque la Convención sobre los Derechos del Niño proscribe toda alternativa que suponga aplicar el régimen para adultos a los que no han cumplido los 18 años”. Por otro lado, Bigalli sostuvo que, en los hechos, “en algunos ámbitos de la Argentina, en la realidad, ya existen personas que no deberían ser punibles por su edad y que, sin embargo, están entrampadas por un poder punitivo sin los límites ni las garantías del derecho penal”.
“Eso es lo que les pasa a personas menores de 16 años que están privadas de su libertad por aplicación de la ley de facto 22.278, que establece condiciones ‘especiales’ de punibilidad que son encubiertas bajo el ropaje de una guarda tutelar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene todavía que resolver un hábeas corpus colectivo interpuesto por la Fundación Sur en favor de personas no punibles que están privadas de la libertad en el país”, explicó Bigalli. “La Cámara Nacional de Casación ya hizo lugar al planteo y declaró inconstitucionales las normas que habilitan esa respuesta punitiva con cosmética tutelar, pero las personas no punibles siguen privadas de su libertad.”
Para Bigalli, desde el siglo XII, “todos los discursos del poder validan las políticas persecutorias de los que perdieron en el reparto de bienes. Los que perdieron en el reparto de bienes ganaron en el reparto de males. Esto pasa con los pobres y con los hijos de los pobres”. Laura Mussa, por su parte, dijo estar “muy preocupada y muy asustada” por las palabras del gobernador Scioli porque parece que “su única respuesta sería la de endurecer las leyes, como ha pasado ya otras veces en nuestra historia reciente con malos resultados para todos”, en alusión a la llamada doctrina Blumberg, surgida a partir del asesinato del joven Axel Blumberg y de la influencia que tuvo sobre los legisladores, su padre, Juan Carlos. “Estas respuestas son absolutamente incoherentes. El Estado debería responder con más educación y con puestos de trabajo. Scioli habló ayer del Estado responsable, pero como si él no fuera parte del Estado. Lo que esperamos es una respuesta seria en materia de política criminal y no parches que nacen de la emergencia.”
Argentina - Página 12
El debate pendiente sobre la situación penal de los chicos
Gustavo Palmieri *
“Un despropósito”
“Centrar la atención en la edad de imputabilidad de los menores como principal eje de las políticas de seguridad no tiene coherencia. Es no responder a un problema que tiene que ver con otros causales, principalmente con la falta de políticas preventivas y con la falta de investigación judicial sobre las redes de violencia que tienen como víctimas a esos chicos. Por otro lado, la modificación de la edad de imputabilidad no es decisión de la provincia sino algo que se debe determinar a nivel nacional. Y la realidad es que Argentina está muy lejos de pensar en solucionar la situación penal de sus chicos y jóvenes. Si bien se aprobó la Ley integral de protección y promoción de los derechos del niño, es necesaria una ley penal juvenil con la que se complemente y con la que pueda funcionar correctamente. Así, lo único que se logró fue un vacío penal generando una confusión entre los chicos con problemas asistenciales y los que tienen causas penales que no modificó en nada la situación judicial de los chicos. Hay varios proyectos de ley de responsabilidad penal juvenil en el Congreso nacional, pero están trabados, así que hasta que no se avance en el tema, hablar de bajar la edad de imputabilidad es un despropósito.”
* Abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).